Proteger y defender los intereses de aquellos con un legítimo derecho, sea cual sea su rol dentro del proceso, víctimas o imputados, que merecen ser protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y contar con una adecuada asesoría dentro del proceso que enfrenten, respetando los principios constitucionales del derecho apegado a los derechos humanos y con valores éticos y probos dentro de la práctica legal.